BOGOTÁ, Colombia (AP) – El inspector general de Colombia el lunes destituyó a una senadora de la oposición abierta, le prohibe el servicio público durante 18 años y la acusa de “promover y colaborar” con el último ejército rebelde que queda en América Latina.
La senadora, Piedad Córdoba, ganó la atención internacional por la intermediación de la liberación de más de una docena de rehenes que habían sido secuestrados por los rebeldes, conocidos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Conocida por su turbante de marcas, la Sra. Córdoba ha sido una fuerza polarizante en la política interna y es un cercano aliado del presidente Hugo Chávez de Venezuela. La Sra. Córdoba, de 55 años, no ha sido acusado de ningún delito.
El inspector general, Alejandro Ordóñez, tiene la facultad constitucional de destituir a cualquier miembro del Congreso. De hecho, el inspector general tiene jurisdicción sobre casi todos los funcionarios públicos en Colombia, excepto el presidente y los jueces superiores.
La Sra. Córdoba ha estado en el Senado desde 1994 y se mencionó el año pasado como posible candidata para el Premio Nobel de la Paz. Ella no respondió a mensajes telefónicos en busca de comentarios.
Pero en un mensaje de Twitter, la Sra. Córdoba agradeció a los seguidores de “los innumerables expresiones de afecto” y dijo que se había estado reuniendo con sus abogados. “Seguimos adelante”, añadió.
Su abogado, Ciro Quiroz, dijo que pondría en entredicho la sentencia del Sr. Ordóñez, pero reconoció que no tenía la opción de apelar a una autoridad superior. Una posibilidad es que la Sra. Córdoba podría demandar al Sr. Ordóñez ante la Corte Constitucional.
El representante Iván Cepeda, un amigo cercano y aliado político de la Sra. Córdoba, calificó la decisión como injusta y dijo que el inspector general hacía mucho tiempo “ha demostrado hostilidad pública al trabajo de Córdoba.”
Su destitución se produce menos de una semana después de genio militar de las FARC y líder N º 2, Jorge Briceño, murió en un bombardeo en el sur del país. El presidente Juan Manuel Santos, reclamó el domingo esta muerte como “el principio del fin” de la insurgencia gravemente herida.
En una entrevista publicada el lunes en el diario El Tiempo, el jefe de la policía nacional de Colombia, general Óscar Naranjo, dijo que cuatro ex rebeldes de las FARC comparten más de $ 2.5 millones de la recompensa por ayudar a que el gobierno encontrara al Sr. Briceño.
El Sr. Ordóñez, dijo en un comunicado publicado en la página web de su oficina que había destituido a la Sra. Córdoba sobre la base de documentos digitales que se encuentran en los ordenadores pertenecientes a Raúl Reyes, quien había sido llamado el “canciller” de las FARC y que murió en marzo de 2008 en una incursión de los militares en un campamento rebelde en la frontera con Ecuador.
Los documentos muestran que la Sra. Córdoba, quien fue identificado por varios alias, se había excedido en su papel que le autorizó el gobierno para facilitar la liberación de rehenes, declaró el Sr. Ordóñez.
Aconsejó a las FARC liberar mensajes de rehenes en la que decían que estaban vivos, según el comunicado, “con el objetivo de favorecer a otros gobiernos” – cree que es una referencia a Venezuela y Ecuador.
La Sra. Córdoba también hizo declaraciones públicas “que favorecía los intereses del grupo subversivo”, dijo en el comunicado. Ella a menudo ha aprobado los objetivos declarados de las FARC de Colombia, donde la riqueza debería distribuirse de manera más equitativa.
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Fonte: Nytimes
