La matanza
Fue planificada para buscar a criminales conocidos y ejecutarlos, pero, al inicio del procedimiento, un policía civil fue muerto. Eso probablemente transformó algo que ya de por sí podría tener una alta letalidad en una operación descontrolada», declara Brecha Silvia Ramos, socióloga y coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESEC), de la Universidad Cândido Mendes, frente a los hechos ocurridos en Jacarezinho.
Cuando un policía es asesinado en una comunidad, generalmente la venganza ocurre después, a través de grupos paramilitares o de policías de particular. Eso fue lo que ocurrió el jueves 6 de mayo en Jacarezinho, favela de la zona norte de Rio de Janeiro, cuando la Policía civil mató a 28 personas en una operación que, supuestamente, tenía como objetivo capturar a líderes del Comando Vermelho. De acuerdo a la fuerza pública, los miembros de ese grupo armado reclutaban allí a niños y adolescentes para traficar drogas. Se trata de la mayor matanza perpetrada por la Policía en la historia del estado de Río.
La comisión Arns ante la ONU
Establecida en febrero de 2019, la Comisión está formada por 20 personalidades del mundo: político, abogados, académicos, intelectuales, periodistas y activistas sociales de diferentes generaciones, cuyo común denominador ha sido la defensa permanente de los derechos humanos. El propósito del llamamiento urgente es alertar y denunciar a la comunidad internacional sobre la arbitrariedad cometida durante la operación Exceptis, por parte de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro, que culminó con la masacre.
La medida estaba dirigida a cuatro procedimientos especiales de la ONU: ejecuciones sumarias, formas contemporáneas de racismo, afrodescendientes y pobreza extrema. Según el documento, las pruebas recogidas
Hasta el momento indica una práctica indiscriminada de ejecuciones extrajudiciales contra la población civil de esa comunidad.
“La Policía Civil dice que los muertos en la masacre habrían estado involucrados en el crimen. Se debe enfatizar que el derecho internacional es enfático al determinar que la vida pasada de una persona ejecutada no es un elemento que justifique tal violación o que exonere o disminuya la responsabilidad del Estado comprometidos con la ratificación de las convenciones de derechos humanos a través de un proceso interno y soberano”, denuncia José Carlos Dias, presidente de la Comisión Arns.
Petición ante el Tribunal Supremo Federal (STF) en Brasil.
La apelación urgente también explica la petición al Tribunal Supremo Federal (STF) sobre el juicio ADPF 635, que autoriza operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro durante la pandemia Covid-19 solo en casos muy excepcionales.
Según la Comisión Arns, las autoridades hasta ahora no han logrado demostrar el carácter excepcional de la operación, ni las medidas tomadas para prevenir ejecuciones extrajudiciales mientras se ejecutaban órdenes de arresto.
Otros casos en Río de Janeiro fueron citados en el Llamamiento Urgente que prueban la reincidencia del Estado brasileño en episodios que abordan la brutalidad policial en territorios densamente habitados por negros y pobres, como las masacres ocurridas en las comunidades de Fallet / Fogueteiro (AL BRA 9/2019), en Complexo da Maré (AL BRA 10/2018), y en los distintos operativos que provocaron la muerte de 5 niños (AL BRA 7/2017).
La Comisión Arns solicitó a los órganos de la ONU para que el Estado brasileño lleve a cabo una pronta, imparcial, investigación efectiva, especialmente en su fase inicial, de recolección de pruebas; que consideren seriamente el posibilidad de ejecución extrajudicial; y modificar estructuralmente los enfoques de sus operaciones policiales para prevenir la muerte de negros, jóvenes y residentes de las periferias. También solicitó un disculpa, en vista de la actitud equivocada de atribuir a los muertos conductas delictivas como base para justificando las atrocidades cometidas durante la operación.
