A propósito de la reforma al Código de Minas, los acuerdos entre movimiento y Gobierno Nacional y el Congreso Nacional Afro.
La Corte Constitucional negó la solicitud gubernamental para ampliar el plazo de 2 años concedido para que el Gobierno y el Congreso, dentro de sus competencias, dieran curso a las medidas legislativas para reformar el código de minas, previa Consulta Previa, Libre e Informada con las comunidades indígenas y afrocolombianas. Y la Contraloría acaba de pedir se investigue a los ministros de Gobierno, Minas y Ambiente por no haber tramitado esta iniciativa. Todos recordamos aún que en la reunión entre la Corte y altos funcionarios del Gobierno, en la que la demanda de prórroga fue presentada, estuvo precedida de señalamientos según los cuales, la consulta previa, las comunidades indígenas y afrocolombianas eran las malas de este paseo. Una situación que configura la ampliación de nuevas, sutiles y amplificadas formas del ejercicio del racismo y la discriminación racial.
Las abuelas nos decían que el que juega con candela se quema. Por dos años el Gobierno Nacional perdió el tiempo y fue incapaz de sacar adelante esta y otras consultas previas, primero, porque siguiendo la cultura del atajo, se puso a hacer malabares con la Consultiva de Alto Nivel; segundo porque para resolver la interlocución – cuando la consultiva fue ya insostenible – expidió la resolución 0121 y el decreto 2163 del 2013 que vulneran el derecho a la igualdad siendo demandados por varias organizaciones y consejos comunitarios. Finalmente cuando a partir del 10 y 11 de enero, sectores del Movimiento Social Afrocolombiano propusieron y acordaron con él la realización de un Congreso Nacional y adelantar conjuntamente las consultas de los proyectos de ley consideradas prioritarios y la reglamentación de los capítulos que falta reglamentar de la Ley 70 de 1993, terminó, después de dos meses de arduo trabajo, con argumentos insostenibles, echando por la borda los acuerdos para expedir de manera autónoma, tal y como fue planteado, un acto administrativo para crear una nueva interlocución con quien consultar sus proyectos.
Como iniciativa de las propias comunidades y organizaciones el Congreso Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnicas Afrocolombianas además de los temas arriba mencionados, busca que del seno de las comunidades se establezcan propuestas para resolver los problemas de interlocución entre estas y el Gobierno, y del ejercicio del derecho a la Consulta Previa. En compromiso establecido con el Ministro de Agricultura y el Viceministro del Interior la protocolización de la Consulta del proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural y la expedición de los decretos reglamentarios de los capítulos IV, V, VI y VII de la Ley 70 se harían el 27 de agosto del 2013, en Quibdó en el marco de la conmemoración de los 20 años de la Ley 70 de 1993. Para avanzar en los otros temas urgentes se acordó una sesión inicial del Congreso que tendría lugar entre el 10 y el 16 de abril en Tumaco. En este se aprobarían las rutas concretas de las consultas. En los espacios de preparación del Congreso se adelantaría la parte de información a las comunidades del proyecto de reforma al Código de Minas. Desde mediados de febrero el movimiento tenía un esquema básico y específico para adelantar esta consulta previa.
La decisión de expedir el acto administrativo le fue comunicada a voceros del Movimiento convocados expresamente por el Viceministro del Interior el 11 de marzo. Ese mismo día se esperaban de parte del Gobierno respuestas concretas, operativas y logísticas para avanzar en lo acordado. Lo urgente – lo del Gobierno no daba espera, en tanto las iniciativas de las comunidades, las que fueron calificadas de importantes, podrían hacerse en los tiempos planteados por el Movimiento. La distinción entre lo Urgente y lo Importante, es vieja y nosotros la conocemos hace cerca de 200 años. Por ella la abolición la esclavitud, a pesar del papel de los esclavizados y de los negros y mulatos libres o del apoyo de Haití, debió esperar muchos años después de la independencia de España. En un gesto benévolo – parecido a una palmada en la espalda – , el Viceministro Fernández de Soto expresó el compromiso y el respaldo del Gobierno Nacional con el Congreso Afro.
El 11 mayo, lamentablemente entró en vigencia el anterior código de minas, lo que no deja de ser una situación desafortunada para el país y para quienes le apostamos a la ecuación territorio + cultura = biodiversidad. La responsabilidad no es nuestra ni como comunidad negra, ni como organización.
PD. La situación del movimiento negro no es, en medio de la violación sistemática y deliberada de sus derechos, nada sencilla y la muerte Demetrio López, ha puesto un nuevo ingrediente complejidad. Ahora el Gobierno Nacional quiere conversar para retomar “…los acuerdos en el marco de la Mesa del Congreso Nacional que se realizará en agosto próximo..”. Hasta donde sabemos no se había hablado nunca de una Mesa del Congreso Nacional. Antes de esta invitación estábamos oyendo que había iniciado la recolección de información con departamento y alcaldías para convocar de manera directa a las comunidades, incluso, para avanzar en la organización del Congreso Nacional Afrocolombiano. Lo cierto de todo – y como esperamos lo establezca la investigación pedida por la Contraloría – es que el Gobierno no ha aprendido la lección. Si revisaran juiciosos su relación con el Movimiento Afrocolombiano, entenderían que estamos en una situación parecida a la diciembre del 2008, cuando después de los acuerdos de la primera Asamblea Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones, ellos decidieron unilateralmente, que los mismos debían ser revisados. En esta tradición de desconocimiento de los compromisos por parte del Gobierno Nacional es muy difícil tener confianza y sin esta, la interlocución es imposible.
Carlos Rosero
Activista Afrocolombiano.
Fonte: Renacientes
